A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao (Cauca) y el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali.

La controversia entre los despachos judiciales involucrados se generó en torno a las diferentes interpretaciones del factor territorial.

Ambos despachos presentaron una serie de argumentos relacionados con el lugar donde se presentó y tuvo sus efectos la vulneración de derechos alegada.

A pesar de que los dos juzgados tienen competencia para decidir la acción de tutela, la Corte consideró que debía dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis y estableció que el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali era el que debía tramitar la solicitud de amparo.

Lo anterior, por cuanto este operador jurídico realizó un análisis de los elementos de prueba aportados en la demanda y escrutó los argumentos jurídicos y fácticos puestos de presente por el demandante, y se pronunció sobre la medida provisional solicitada, asumiendo tácitamente el conocimiento del asunto.

Se ordena remitir el expediente al precitado juzgado para que de forma inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

Así mismo, se le advirtió que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, razón por la que debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.

A la otra autoridad se le hace una advertencia para que, que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021